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Los principales cambios en el Proceso Penal (Primera Parte)


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La recién aprobada Ley del Proceso Penal, que como parte de la reforma judicial y procesal entrará el vigor el próximo 1º de enero, introduce profundos e importantes cambios en el procedimiento para investigar y juzgar presuntos hechos delictivos, que refuerzan las garantías de los acusados y otros sujetos que intervienen en él, y resuelve las más importantes insatisfacciones que los abogados tenían en relación con algunos aspectos de la actual norma.
En la nueva Ley, para estar a tono con los tratados internacionales se hace una declaración expresa de la prohibición de someter a desapariciones forzadas, torturas, tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes y de privar de libertad fuera de los casos y con las formalidades establecidas en la Ley.
Se refuerza el principio de presunción de inocencia, con la acotación de que, en caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se está a lo más favorable al acusado; con la obligación de la
carga de la prueba para la parte acusadora, y con independencia de la declaración del acusado y sus familiares, dentro de los que se incluye la pareja de hecho.
Expresamente declara el respeto a la dignidad, la integridad física y psíquica y moral del procesado, y el derecho a que no sea víctima de coacción o violencia para obligarlo a declarar.
Se incluye dentro del texto el principio de prohibición de que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho, así como la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y demás formas de comunicación, que no se realicen de conformidad con lo previsto en la ley y se declaran ilegales aquellas informaciones obtenidas con la infracción de esta.
Reconoce el derecho a la defensa de todo imputado y a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, que se fija a partir de la instructiva de cargos del imputado, la que se debe cumplir dentro de las 24 horas en caso de estar detenido, y dentro de los cinco días siguientes a la denuncia, cuando esté en libertad; momento en que adquiere la condición de parte, tiene derecho a proponer pruebas y examinar el expediente, entre otros.
Como reforzamiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y los tratados internacionales en vigor para el país, se incluye la posibilidad de la nulidad de los actos procesales que ocasionan perjuicio a los intervinientes, debido a que se hayan ejecutado infringiendo estas normativas o las formalidades prevista en la ley procesal, la que puede ser decretada de oficio por la autoridad en cuyo trámite se encuentre el asunto o a instancia de parte.
Se definen los sujetos procesales, reconociéndose a la víctima o perjudicado como parte en el proceso, así como su derecho a asistir como coadyuvante del fiscal si así lo entendiera, se amplía su facultad para ejercitar la acción civil cuando se instituya como parte, a la par que establece la posibilidad de su renuncia, y a establecer recursos.
Prevé alternativas para asegurar el resarcimiento de víctima y perjudicado antes del juicio oral, en determinados delitos de impacto patrimonial, como es el caso del acuerdo entre este y el imputado o acusado. Se define la obligación de la Fiscalía de ejercitar la acción civil cuando la víctima o perjudicado no la ejercite o la renuncie indebidamente.
De especial impacto es la introducción del principio de oportunidad en los delitos por imprudencia y en aquellos intencionales cuyo marco penal no rebase los cinco años de privación de libertad, siempre que el hecho ilícito sea de escasa lesividad social, el interviniente haya sufrido una pena física o psicológica, cuando sea menor de dieciocho años y la acción delictiva no sea grave, ni evidencie desprecio por la vida y los derechos ajenos, ni se trate de un reincidente o multirreincidente; también puede aplicarse en los delitos patrimoniales que no hayan sido cometidos con violencia o intimidación, o cuando se está en presencia de un colaborador eficaz.
En los casos que lo merezcan, podrá imponérsele al beneficiado una multa administrativa por el hecho cometido, conjuntamente con el comiso de los bienes y la satisfacción de la responsabilidad civil, cuando proceda.
Se incorporó lo regulado actualmente en el Código Penal, relativo a la posibilidad de tratamiento administrativo a los delitos con marco sancionador hasta tres años de privación de libertad, para los hechos de escasa lesividad, tanto por las consecuencias como por las características de su autor; adecuándose el monto de la multa, según el rango sancionador del delito.
De igual forma, se insertó el sobreseimiento condicionado para delitos con escala sancionadora hasta cinco años de privación de libertad, cuando las características de su autor y los hechos lo aconsejan, lo que posibilita la renuncia de la acción penal por el fiscal, cuando el procesado cumple satisfactoriamente las obligaciones que se le imponen, en el período de prueba establecido por el tribunal.
Se introducen normas de tratamiento especial para las personas imputadas o acusadas menores de dieciocho años de edad, con el propósito de reforzar sus garantías y fortalecer la protección que sugiere la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; razón por la que se incorporaron como derechos esenciales, la información inmediata de su detención a los padres o representantes legales, posibilidad de declarar en la fase preparatoria o acudir al acto del juicio oral acompañados de estos, tener asistencia letrada desde la detención y desde la instructiva de cargos, para los que se encuentran en libertad, y el carácter excepcional de la imposición de la medida cautelar de prisión provisional; entre otros.


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