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La Defensa Penal de Oficio


 Pavel Peterssen Padrón
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En el ámbito del proceso penal, cuando el acusado o sus familiares no pueden o no desean contratar un abogado, abonando la tarifa establecida para ese servicio, la efectiva representación legal se asegura mediante la designación de oficio de un defensor, lo que, en los casos en que es necesario, ocurre incluso antes del inicio de la fase del juicio oral.

Por tanto, la eventual incapacidad económica para abonar la tarifa establecida para la prestación del servicio legal de representación en un proceso penal, no redunda en perjuicio de los legítimos derechos e intereses de la persona, ni le impide el efectivo acceso a la Defensa, como parte del universal y más amplio derecho a la Justicia, porque llegado el momento procesal, los tribunales le asignan un abogado para que de oficio asuma su representación, con cargo al Presupuesto del Estado.

La prestación de ese servicio, a través de los abogados designados, se hace con la misma calidad y sujeto a los mismos parámetros que se aplican a la actuación de los abogados designados y pagados por los clientes, sin diferencia de ninguna clase.

No hay distinción procesal, ni en el ámbito de la prestación de los servicios, en cuanto al acusado y su defensor, cuando este es contratado, o cuando se designa de oficio.

Este derecho se garantiza incluso, cuando es necesario, antes de la apertura del proceso a juicio oral: en aquellos casos en que, en previsión de que un testigo razonablemente no pueda asistir al acto del juicio oral, por cualquier causa, incluida eventualmente la muerte, o su salida del país, es necesario que en la práctica de la diligencia de prueba de tomarle declaración, u otra que se derive de la misma, intervenga un abogado, para asegurar los derechos del acusado y el respeto de las garantías procesales, conforme regula el artículo 194 de la vigente Ley de Procedimiento Penal.

En esos supuestos, se le ofrece al acusado la posibilidad de designar anticipadamente a un abogado para que lo represente y defienda, para lo cual cuenta con el término de 24 horas, y en caso de que no pueda, o incluso de que no desee hacerlo, se le asigna de oficio, garantizando así que cuente con asesoría legal y esté debidamente representado desde ese momento, y como premisa del cumplimiento de los principios de igualdad, contradicción y Defensa.

De modo que en Cuba la falta de solvencia para contratar a su elección un abogado no será nunca un impedimento para que ningún acusado, con independencia de cualquier condición, quede sin representación procesal y no cuente con un abogado que lo represente, en las mismas condiciones y con igual calidad que sí hubiera sido designado por él o sus familiares.


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