Organización Nacional de Bufetes Colectivos

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El contrato económico como instrumento esencial para la gestión económica cubana.


 Manuel Féliz Roig
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En Cuba,  en los  lineamientos de la política económica y social, aprobados en el VI, VII y VIII Congreso del Partido Comunista, se establece que las relaciones  económicas entre todos los actores económicos  del país  se refrendarán mediante contratos económicos y  que se exigirá por la calidad del proceso de negociación, elaboración,  firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de estos, como instrumento esencial para la gestión económica, así como la necesidad de adecuar la producción  agroalimentaria a la demanda y a la transformación de la comercialización, elevando la calidad y exigencia en los contratos, para que las parte cumplan sus obligaciones, toda vez  que los lineamientos  son la expresión de la voluntad del pueblo, contenida en la  política del Partido, el Estado y el Gobierno de la República de Cuba, de  actualizar el modelo económico cubano con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo y el desarrollo económico del país.

En tal sentido, previo al VIII Congreso, en un encuentro de trabajo de la dirección del Partido y el Gobierno con productores agropecuarios, expertos y científicos de diferentes ramas, así como representantes de varias instituciones, fueron aprobadas por el Gobierno cubano  63 medidas para impulsar el  desarrollo de las fuerzas productivas y potenciar la producción de alimentos; medidas estas que  el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez  calificó de inteligentes y adecuadas, convocando  a los implicados a <<implementar medidas, a producir, a comercializar, a controlar y a continuar en el empeño de satisfacer a nuestra población, para también crecer, avanzar, perfeccionar y, como siempre, vencer >>

Es por eso, que debemos prestarle especial atención al Contrato, que no es más que un negocio jurídico bilateral en el que intervienen personas naturales y jurídicas, para la ejecución de la actividad productiva, comercial o de prestación de servicios y en especial para la producción y comercialización de alimentos para la población, además de ser el documento contentivo de acuerdos, pactos o estipulaciones de las partes. Es fuente directa de derechos y obligaciones y una vez firmado por las partes, es de obligatorio cumplimiento para las mismas.

Es así, que en todo contrato debe primar: la autonomía de las partes para concertar contratos y determinar su contenido; la actuación de buena fe; la plena igualdad de las partes, pues ninguna puede imponer su voluntad; la confidencialidad ya que no deben revelar información confidencial; la intangibilidad del contrato, porque no se puede, unilateralmente, modificar o extinguir un contrato, salvo excepciones  previstas en la ley o pacto en contrario y; el interés general, pues en la concertación, interpretación y ejecución de un contrato, las partes han de cumplir las regulaciones administrativas y no contravenir o dañar el interés público, la economía nacional, el medio ambiente  y el orden social.

Además, todo contrato debe contener: La identificación de las partes; el objeto del contrato (esencia del mismo); las obligaciones y plazos de cumplimiento; los precios, tarifas; valor y forma de pago; efectos del no pago; calidad; seguro; exenciones de responsabilidad; solución de controversias; modificación y terminación del contrato; confidencialidad; vigencia y; otras que se consideren necesarias.

En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones pactadas en el contrato, la parte afectada podrá cursarle la correspondiente reclamación comercial a la otra (incumplidora), quien debe contestar en el término fijado en el contrato, no obstante, en caso de que lo hiciera de manera negativa o no respondiera, existe la posibilidad de la parte afectada de establecer demanda de contenido económico a la Sala Económica del Tribunal Provincial Popular correspondiente.

Para la promoción, de este tipo de proceso económico, por la vía judicial, se necesita la representación letrada (abogado), que son juristas que prestan estos servicios en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, en todo el país.

Estas problemáticas y proyecciones o líneas fundamentales de trabajo del país, indudablemente, apuntan a la necesidad de potenciar la preparación en materia contractual de la personas naturales y jurídicas que intervienen en los procesos de contratación, a tenor de lo regulado en el Decreto-Ley No. 304 “De la Contratación Económica” y el Decreto No. 310 “De los Tipos de Contratos” y al deber de todos los juristas, en ejercicio, de prepararnos, adecuadamente, en este noble y decisivo empeño, para así contribuir al desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de nuestro modelo económico cubano, que es lo que corresponde en tiempos difíciles como estos, en que la alimentación del pueblo, es una cuestión de seguridad nacional.


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