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ONBC. Abogados de Trinidad informan: Dictamen 467 del TSP.


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ONBC Abogados Trinidad nos INFORMA
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular autorizó que las partes y sus representantes procesales puedan hacer uso, con autorización del tribunal correspondiente, de los medios digitales para la obtención de copias de los expedientes judiciales en todas las materias y a utilizarlos en las audiencias públicas.
Así lo dispuso mediante su Dictamen 467, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2021, en la cual se aprobó el acuerdo 255, que responde a una consulta efectuada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
La cuestión ya había sido abordada antes, mediante el Dictamen número 450, de 15 de diciembre de 2017, y como parte de la reforma procesal que se produce en el país, a partir de la aprobación de nuevas leyes de trámites para todas las materias, se concibió la ampliación de esas facultades a los abogados, siempre que se garantice la autenticidad, confidencialidad, protección y seguridad de los datos y de la información que contiene, con el uso responsable de la reproducción obtenida.
En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, aprobó la «Ley de los tribunales de justicia», el «Código de procesos», la «Ley del proceso administrativo» y la «Ley del proceso penal»; que normas que expresan la voluntad de perfeccionar la tramitación procesal, en lo que también juega un papel esencial la informatización de la actividad judicial y el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, el Consejo de Gobierno consideró que resulta oportuno establecer, para todas las materias, la pertinencia de que las partes y sus representantes procesales, puedan hacer uso de los medios digitales para la obtención de copias de los expedientes judiciales, sin necesidad de esperar a que las mencionadas leyes entren en vigor el 1º de enero de 2022.
Así, desde ahora y hasta la entrada en vigor de esas normas, las partes y sus representantes procesales, debidamente personados, pueden realizar estas reproducciones digitales, salvo que el tribunal, en atención a la naturaleza del asunto, lo prohíba. El órgano judicial puede adoptar esta decisión en cualquier estado del proceso cuando advierta la existencia de la causa impeditiva, mediante auto que notifica a las partes como corresponde.
El Consejo de Gobierno consideró también oportuno precisar que la obtención de estas reproducciones digitales es para uso exclusivo de los intereses del proceso y, quien infrinja este deber, asume las consecuencias que procedan, en el orden procesal, civil, administrativo y penal.
Asimismo, añadió que los auxiliares de los abogados y asistentes del fiscal, cuya delegación conste en las actuaciones, pueden obtener las reproducciones con los mismos fines y bajo igual responsabilidad.
Por otra parte, e igualmente importante, es el pronunciamiento sobre el empleo de medios informáticos en los actos procesales. Al respecto, el Dictamen preceptúa que en las audiencias públicas que se celebren en todas las materias, los abogados, el fiscal y otros intervinientes en el proceso pueden hacer uso de los dispositivos electrónicos e informáticos, siempre que así se solicite previamente al tribunal que conoce del asunto y sea autorizado por este, con la prohibición de grabar o filmar los actos judiciales.
Como complemento, el Tribunal Supremo estableció que antes de comenzar los actos judiciales, el tribunal actuante, con independencia de que se haya solicitado o no el uso de los medios informáticos por alguna de las partes o sus representantes procesales, siempre realiza la advertencia de que no pueden grabar ni filmar, y la consigna en el acta, y que, en caso de su incumplimiento, incurre en un delito de desobediencia, u otro de similar naturaleza.
Sobre este extremo, en el propio Dictamen se expresa que la exigencia de la responsabilidad penal es independiente de la reclamación que pueda generarse en el ámbito civil, por el indebido uso de las grabaciones.
Nuevamente nuestro Tribunal Supremo da muestras de su vocación innovadora y garantista, y de racionalidad y sentido común, en función de facilitar el curso de los procesos judiciales y potenciar el uso de las nuevas tecnologías, para beneficio tanto de los órganos jurisdiccionales como de las partes y sus representantes.
Las principales disposiciones del Dictamen tendrán una vigencia limitada en el tiempo, porque a partir del 1º de enero con la entrada en vigor de las nuevas leyes resultan innecesarias, pero tiene algunas otras que sí van a perdurar, porque son independientes del contenido de las mismas.
Precisamente, el hecho de que aun faltando tan corto período para que comiencen a aplicarse las nuevas leyes el Consejo de Gobierno se haya pronunciado sobre un tema muy puntual, y lo haya hecho a instancias de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, a nuestro juicio denota, y es muy importante, su compromiso con el efectivo ejercicio de la abogacía, y la disposición a actuar con rapidez y diligencia en función de conciliar los intereses de todas las partes, para beneficio mutuo y de la sociedad en su conjunto.
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